Notas | La política del hambre

La política del hambre

La madrugada del 13 de mayo de este año, 2024, la justicia federal realizó 27 allanamientos en comedores populares en distintos puntos de la Ciudad y del conurbano bonaerense.

Eran las cinco de la mañana cuando Carlos, del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, organización que posee un comedor popular en su casa, estaba durmiendo con su familia en su casa en Escobar. De repente, todos saltaron de la cama al escuchar que la puerta había sido tumbada. A los pocos segundos, la policía estaba dando vuelta toda la casa mientras ellos eran tirados al piso y apuntados con un arma. 

En Parque Patricios, en otro comedor, no había personas, pero eso no impidió que las fuerzas de seguridad se llevaran confiscadas computadoras e incluso plata para pagar el alquiler.

Estos y otros tantos allanamientos repletos de violencia, que fueron realizados en horas de la madrugada, algo difícil de justificar si no se trata de espacios de alto riesgo para las fuerzas de seguridad, respondían a una causa que el Ministerio de Seguridad comenzó contra una serie de organizaciones sociales tras la movilización que estas hicieron el día 20 de diciembre de 2023. La causa primero fue rechazada por el fiscal Casanello hasta que Pollicita le dió marcha y aceptó los allanamientos. La acusación que recibieron las organizaciones es de extorsionar a quienes reciben mercadería o cobran el Potenciar Trabajo de tener que ir a la movilizaciones de las cuales participan.

En paralelo, desde que el gobierno nacional asumió, se cortó todo el envío de mercadería a los comedores que dependían del Ministerio, hoy secretaría, de Desarrollo Social, actualmente bajo la cartera de Sandra Pettovello.
¿La justificación? Según el gobierno, la mitad de los comedores no es real, y como se señaló en las denuncias que llevaron a los allanamientos, supuestamente había una red de extorsión y corrupción alrededor.
Hace unos días, para empeorar el panorama, se descubrió que en un galpón, acá cerquita desde donde hacemos Ciencia del Fin del Mundo, en Villa Martelli, el gobierno tiene guardadas 5000 toneladas de alimentos, es decir 5 mil millones de kilos. Cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni fue consultado, dijo que no se iban a entregar a los comedores y que se guardaban para futuras emergencias. Vale recordar que cuando realmente hubo emergencias, como en Bahía Blanca, la respuesta del presidente fue decir que “van a poder estar bien con sus recursos”.

Entonces, ante este panorama me surgen varias preguntas…Lo primero es dudar de la veracidad de las denuncias. Si bien, seguramente alguna irregularidad en algún comedor puede haber existido alguna vez. Pero pensemos que fuesen reales las denuncias., así todo, ¿Cuando una gran empresa presenta una irregularidad, como suele ocurrir, el gobierno nacional ordena allanarse a la noche y de manera tan violenta? ¿O será que acá lo hacen porque muchos de esos comedores están en villas y se desarrollan en las casas de personas muy humildes? ¿Cuando hay una irregularidad en un supermercado, se cierran todos los establecimientos, incluso los que funcionan bien? ¿Cuando una empresa evade impuestos, se le hace una causa penal por ser fraudulenta con los fondos de la nación?
¿Por qué se señala a las organizaciones sociales de extorsionar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo obligándolos a otorgar parte de lo que cobran si ello se paga directamente con una tarjeta del banco Nación? De hecho, muchas personas cobraban el Potenciar Trabajo por las tareas que hacían en comedores que eran auditados por el gobierno nacional. Pero hoy, ni esos comedores existen ni las nuevas normativas exigen una contraprestación para el cobro del ahora ex programa Potenciar Trabajo. Es decir, ya no es necesario trabajar en nada para cobrarlo, justo lo que dicen venir a denunciar. De hecho, si uno lee las nuevas condiciones del cobro está el no movilizar, motivo que puede usar el gobierno para darlo de baja. ¿Osea que en el gobierno de la libertad no se puede movilizar si uno cobra un plan social? ¿Acaso hay ciudadanos con más derechos que otros?

Y todo esto parece bastante claro, no es casualidad ni meros caprichos. El gobierno nacional y los sectores de poder del país y del exterior que quieren llevarse todo saben que la organización social es un dique de contención, es un espacio de resistencia, que la participación política de los pobres es un acto de liberación, pero de liberación real, porque mediante el trabajo conjunto y la lucha por los derechos, y en estos casos por los recursos que garanticen esos derechos, como son la comida y aunque sea un pequeño salario, están en conjunto haciendo algo distinto a lo que el sistema les pide, están cometiendo el mayor pecado que los amantes del mercado no pueden aceptar: ser alguien.

Esto es CFM

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