Nieto recuperado, desaparecido durante la última dictadura militar en Argentina.
LA HISTORIA DE SABINO
José Sabino Abdala Fallabela, nació el 27 de julio de 1974, en la ciudad de La Plata, hijo de Susana Victoria Fallabella y José Abdala.
Su mamá, nació el 10 de agosto de 1949, en la ciudad de San Antonio de Areco, transcurriendo su vida en Mercedes. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios. Y su papá, apodado como, “Simón”, o el “Turco”, nació el 2 de octubre de 1951, en Mercedes, ciudad donde creció y realizó sus estudios primarios y secundarios.
Ambos iniciaron su militancia política en el peronismo desde muy jóvenes, él en la Juventud Trabajadora Peronista ( J.T.P. ), y luego juntos militaron en la organización Montoneros.
EL HORROR LES GOLPEÓ A SU PUERTA…
El 16 de marzo de 1977, al mediodía, mientras estaban almorzando, personal civil y militar rodeó la manzana de su domicilio en el barrio Los Hornos de la Ciudad de La Plata.
Sabino, con tan solo dos años y ocho meses, fué arrebatado, secuestrado y apropiado; también se encontraba con ellos en ese momento, la hija de unos compañeros de militancia, tenía un año y un mes, María Eugenia Gatica Caracoche, que estaba circunstancialmente al cuidado de la familia, y cuya identidad sería restituida en septiembre de 1985.
Golpearon al padre de Sabino, lo encapucharon y lo introdujeron en el baúl de un auto. A Susana, la pusieron en la parte de atrás de otro auto junto con Sabino y María Eugenia. Sus padres estaban casados, su madre tenía 27 años, era instrumentadora quirúrgica, y su padre, de 24 años, era estudiante de Sociología y trabajaba en una estación de servicio.
Tanto la niña, como el matrimonio y su pequeño hijo, Sabino, fueron secuestrados y fueron vistos en la Comisaría 5ta, de La Plata. Los menores fueron trasladados a la Brigada Femenina de Investigaciones (dependencia usada para el tránsito de niños), desde donde los entregaron para su posterior apropiación. María Eugenia fué apropiada por un comisario y Sabino fue a parar a una familia de San Justo, que tenía relación con la Brigada de San Justo. Su apropiador era Doctor, y la apropiadora encargada de una clínica. Lo anotaron como propio, con una partida de nacimiento apócrifa, nacido el 7 de agosto de 1976, con el nombre de Federico Gabriel.
Las primeras dudas de Sabino, comenzaron cuando tenía entre ocho y diez años de edad, en su casa notaba que sus hermanos eran rubios y el morocho, y se veía distinto a los otros niños en el colegio, posiblemente, habían cómplices en el colegio donde fué inscripto por sus apropiadores, ¿No notaban que el niño era más grande que los demás, que su físico no coincidía con su edad?. En esos años la mayoría de las personas se callaba, por miedo o por complicidad.
Durante el terrorismo de Estado la Comisaría 5ta de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ubicada en pleno centro de la ciudad de La Plata, formó parte del plan sistemático de apropiación de niños y niñas, e integró el “Circuito Camps”. Así se llamó al circuito represivo conformado por al menos 29 centros de reclusión ilegal, que operaron en la provincia bajo el mando del entonces jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps. Allí, durante la dictadura cívico-militar, fueron detenidas ilegalmente y sometidas a tortura unas 250 personas, entre ellas niños, niñas y, al menos, diez mujeres embarazadas. En ese lugar, nacieron dos bebés, los cuales fueron apropiados, y a dos de los niños les fueron restituidas sus identidades durante la democracia.
A partir de la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de Derechos Humanos y de los sobrevivientes y familiares, el 21 de diciembre de 2012 la justicia ordenó, en la sentencia del juicio “Circuito Camps”, la desafectación de la Comisaría 5ta. Pedro Raúl Muñoz, numerario de la policía bonaerense que prestó servicios en la Comisaría 5ta, está imputado por 110 casos, entre ellos cuatro nietos restituidos, como es el caso de Sabino.
En el año 2013, la comisaría 5ta se señalizó como Espacio para la Memoria. En 2018 finaliza la desafectación total de la Comisaría 5ta, se instala la Filial de Abuelas La Plata, y el 14 de marzo de 2019 se pone en marcha el Espacio para la Memoria y promoción de los Derechos Humanos, que abrió sus puertas al público con distintas propuestas pedagógicas y culturales, con el objetivo de reconstruir la memoria en forma colectiva.
EL CAMINO DE LA VERDAD
En el año 1992, Sabino se encontraba cursando quinto año del secundario cuando un profesor de Educación Cívica lo ve muy parecido a una persona en una foto que se encontraba publicada en los diarios por las Abuelas. La foto publicada era la de su padre, y una de Sabino de bebé.
El profesor siendo parte fundamental para la causa, no comunicandoselo a Sabino, porque era posible que si su familia apropiadora se enteraba podían irse del país, entonces, se comunicó con la asociación de Abuelas, donde allí trabajaba “Lita” Luisa Linda Abdala, (Tía paterna de Sabino), y ella no tuvo duda de que era él su sobrino desaparecido, un calco de su padre. Lita acompañó a su madre Mercedes en la búsqueda de la familia, siempre estuvo al frente de ésta, asistía a reuniones y asambleas de Abuelas, y conformó los primeros equipos de investigación, con otros tíos y tías, realizando pesquisas que diseñaban junto a Abuelas.
En diciembre del año 1993, Sabino volvía a su casa de unas vacaciones cuando su apropiadora le dijo que había llegado una citación de un juez de Morón. Querían hacerle un análisis de ADN ya que había posibilidades de que fuera hijo de desaparecidos. Fué confirmada su filiación una vez realizados los análisis inmunogenéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
A los pocos días, Sabino se reencuentra con su familia, tres abuelos, primos y tíos. A partir de allí comienza una etapa complicada para Sabino, ya que tenía que entender y aceptar su verdadera identidad. Tardó años en aceptar quién era, recuperar su nombre, y que de un día para el otro tenía dos años más de edad.
En 1998, la justicia le restituye su verdadera identidad, y automáticamente se inicia un juicio por su apropiación ilegal.
Susana y el Turco, sus padres, continúan desaparecidos. Ellos están y estarán siempre presentes en el corazón de sus familiares y amigos y en la memoria del pueblo.
PRIMER GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en Argentina un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. La dictadura que se instauró en el país disolvió el Congreso, cerró el parlamento, prohibió las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos, no permitió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y suspendió las garantías constitucionales. Tras el golpe de Estado, las desapariciones se volvieron sistemáticas. Crecían los centros clandestinos de detención; tortura y exterminio que se instalaron en distintos lugares del país, y dentro de los cuales se llevó adelante la detención ilegal de las personas secuestradas, la tortura, los delitos sexuales, el asesinato y la posterior desaparición, y la apropiación de niñas y niños.
En diciembre de 1977, ante la prensa internacional, el dictador Videla, catalogó a los desaparecidos como un producto no deseado de la “guerra antisubversiva”. Los desaparecidos, decía, eran subversivos que pasaron a la clandestinidad, huyeron del país o cuyos cuerpos quedaron irreconocibles tras los enfrentamientos armados. Ocultando la verdad.
Desde 1976 las familias ya recorrían comisarías, hospitales, organismos públicos, y no obtenían respuestas sino un silencio que ocultaba. Así las familias, comenzaron a agruparse, sacando fuerzas del dolor, atravesándolo, para la búsqueda de sus hijos, hijas, nietos y nietas. Esto molestaba, Las Madres y Abuelas, se hacían ver y escuchar. Y teniendo la prohibición de agruparse, se movilizaban, caminaban de a dos, circulando alrededor de la Plaza de Mayo.
Luego de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó el 13 de diciembre de 1983 el decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial. Ordenó someter a juicio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar. Dos días después, se instituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año.
Poco tiempo después de esa sentencia histórica, el presidente Alfonsin, presionado por los alzamientos carapintadas, que pretendían detener las citaciones judiciales a los oficiales por violaciones a los derechos humanos, sanciona las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), dictadas por el Congreso, y que garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años. También llegaron los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.
El 29 de diciembre de 1990, pocos días después de un nuevo alzamiento carapintada, Menem firmaba seis nuevos decretos que indultaban a los ex miembros de las Juntas de Comandantes, condenados en el histórico Juicio de las Juntas de 1985. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini, quedaron en libertad gracias a los indultos de Carlos Menem. También indultó al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Guthein.
El 21 de agosto de 2003 se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que dieron lugar a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. La norma fue promulgada por el Presidente Néstor Kirchner, doce días después, el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y constitucional su nulidad, lo que permitió convalidar la reapertura y el inicio de nuevos juicios a cientos de represores, civiles y militares cuyos enjuiciamientos iniciados en 1985 se habían interrumpido con dichos instrumentos de creación de impunidad. Desde aquella nulidad parlamentaria, y su validación por la Suprema Corte, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) son juzgados por la justicia federal. Hasta el momento se han llevado a cabo 324 juicios con sentencia, 14 juicios orales se encuentran abiertos y se condenó a 1181 represores.

LA VERDAD SE LLEVA EN LA SANGRE
¿Cómo se busca a alguien en medio de una dictadura, si es el mismo Estado quien los hizo desaparecer?
En la década del ‘70 ya eran conocidos los exámenes de sangre para determinar la paternidad. El ADN y la genética están relacionados con la herencia, que es el proceso de transmisión de información genética de padres a hijos; Pero en este caso, las madres y padres estaban desaparecidos. Entonces, las Abuelas se preguntaban, ¿Podríamos usar nuestra sangre, la de los abuelos, y otros familiares, para reconocer a nuestros nietos y nietas?
Las Abuelas recorrieron varios países para contactar a científicos que las pudieran ayudar. En 1982, fueron a Estados Unidos, a la Sociedad por el Avance de la Ciencia, recomendada por una argentina refugiada en ese país. En la Ciudad de Washington se contactaron con un médico genetista, Dr. Victor Penchaszadeh, y la Científica genetista estadounidense Mary-Claire King, que fue pionera en el uso de ADN y la identificación de personas desaparecidas. En la década del ‘80 se hacían test de sangre a través de estudios de Antígeno de Histocompatibilidad Leucocitaria (HLA), pero llevaba mucho tiempo.
En el año 1984, Mary-Claire King, inició el trabajo, junto con las Abuelas de Plaza de Mayo, en el desarrollo en secuenciación de ADN mitocondrial, lo que permitió identificar a víctimas del terrorismo de estado en Argentina, y en otras partes del mundo. Su trabajo fue clave en la elaboración del «índice de abuelidad», que garantiza un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco, ante la imposibilidad de cotejar muestras de sangre de las abuelas con las de sus hijos desaparecidos.
Los resultados, incorporados como prueba en la Justicia, permitieron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BDNG) en el año 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, para poder realizar pruebas genéticas de filiación entre nietos y abuelos, porque sus padres habían sido secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. El 13 de noviembre de 1992, gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), con el objeto de promover la búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La CoNaDi también es el órgano de Estado que se encarga del ingreso del 90% de los casos que toma el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), sólo el 10% restante es provisto por vía judicial.
SABINO HOY
Actualmente Sabino colabora con las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los cuatrocientos nietos y nietas que aún faltan recuperar su identidad.
Por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y asesinados decimos ¡PRESENTES! No olvidamos, sostenemos la memoria, reclamamos la verdad, luchamos contra la impunidad y exigimos juicio y castigo a todos los culpables.
Bibliografía.
Crenzel Politicas de la memoria. La historia del informe Nunca Más.pdf
https://www.abuelas.org.ar/prensa-y-difusion/noticias/2002
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/bndg/historia
https://abuelas.org.ar/register/public/1685556674316-762925688.pdf
https://www.uba.ar/ubaciencia/noticias/129
https://www.abuelas.org.ar/las-abuelas/los-aportes-de-la-ciencia
La verdad en la sangre – TecTV 2022
https://www.abuelas.org.ar/acciones/sitios-de-memoria/comisaria-5ta