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Proyectos | Caso 103: María Pia Josefina Klotzman Barral

Caso 103: María Pia Josefina Klotzman Barral

Malú Ianka Cristina Assis Militão Scatularo, Dayra Ludmila Matta Suárez.

El padre de María, Ricardo Horacio Klotzman nació el 24 de mayo de 1951 en la provincia de Santa Fe, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Antes de conocer a la madre de María, estuvo casado con Liliana Bojanich y con ella tuvo a su primera hija, llamada Ana Lina (ella sería la que en un futuro buscaría el paradero de su hermana María). Liliana, lamentablemente, fue secuestrada el 8 de junio de 1976 en Buenos Aires, en presencia de su hija, quien por suerte no tuvo el mismo destino y fue llevada con sus abuelos maternos.

Cecilia Beatriz Barral, madre biológica de María Pia, nació el 21 de junio de 1951 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En Mar del Plata, Cecilia estudió y se recibió para ser maestra en el Colegio Normal. Al igual que Ricardo, ella también militaba en el PRT-ERP.

En 1972, Cecilia fue detenida por izar una bandera del PRT en el Colegio Nacional de Mar del Plata y fue trasladada al penal de Villa Devoto. En mayo del año siguiente, recuperó su libertad y el partido le asignó tareas políticas en Rosario, Santa Fe. Es allí dónde Cecilia conoce a quien será su futuro esposo, Ricardo. 

Desafortunadamente, el 2 de agosto de 1976, Cecilia y Ricardo fueron secuestrados por fuerzas militares en su domicilio en Rosario. En ese momento, ella estaba transitando su último mes de embarazo. 

Con la investigación realizada por la fiscal Mabel Colalongo se probó, con documentos oficiales, que ambos fueron llevados a la Quinta Operacional Fisherton, un Centro Clandestino de Detención ubicado en Rosario, Santa fé.

La actitud violenta del ejército y agentes de la ley contra quienes ellos mismos señalaban como guerrilleros se fue intensificando con los años. Esto sucedió con la excusa de estar en contra de supuestos “comunistas y subversivos», lo que culminó en crímenes de lesa humanidad e incontables asesinatos hacia el pueblo argentino.

 “En febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón dictó el decreto 265 autorizando a las Fuerzas Armadas a ‘ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos’ en la provincia de Tucumán. En octubre de ese año, por decreto 2.772, Italo Luder, presidente provisional, extendió esa facultad a todo el país.” (Crenzel, 2010)

Ese es el hecho que utilizaron los militares como defensa, para justificar sus acciones en contra de la población.

Si bien hubo casos aislados de desapariciones durante los 60’, éstos comienzan a producirse de forma sistemática y planificada por parte del Estado luego de iniciar la dictadura militar de 1976. Claro que ellos no reconocían como inhumano lo que hacían. Es más, para el dictador Videla los desaparecidos solo eran un producto no deseado de la aparente guerra contra la subversión, encasillando a las víctimas de Estado como simples guerrilleros, provocadores de la respuesta del poder militar.

Con todo esto sucediendo en nuestro país, con los meses surgieron nuevas agrupaciones y organizaciones que defendían los derechos humanos, nacionales e internacionales, con el objetivo de buscar respuestas sobre el paradero de los desaparecidos. Un grupo social que nadie esperó que se organizara y se uniera a la lucha, que la incentiva en su  totalidad, fueron las Madres.

Ellas, las Madres de Plaza de Mayo, pese a estar expuestas a los peligros y riesgos que conllevaba su movimiento, decidieron organizarse y reunirse para exigir al gobierno de facto respuestas sobre sus hijas e hijos que fueron secuestrados. Con el tiempo, con su lucha fortaleciéndose y tomando gran importancia a los ojos de los ciudadanos, surge una rama de esta organización: Abuelas de Plaza de Mayo, conformada por personas que en su grupo familiar tenían mujeres embarazadas que fueron desaparecidas, niñas y niños que estaban presentes al momento del secuestro e incluso bebés nacidos en cautiverio que fueron el resultado de violaciones por parte de los militares en Centros Clandestinos.

Por eso se hace presente la siguiente pregunta; ¿Qué sucedió con aquellos niños/as y bebés?

La apropiación de menores fue otra de las atrocidades que produjo la última dictadura. A estas víctimas se les vulnera su derecho a la identidad al sacarlos de sus familias biológicas y entregándoles a familias o personas de confianza de los militares. También eran dejados en instituciones como NN, sin ningún tipo de documentación o información sobre el recién nacido. 

En el caso de María Pía, el 21 de agosto de 1976 fue llevada hacia el domicilio de la familia Kerz ubicado en Santa Fe. Ese día, estacionó frente a la casa un Ford Falcón en el cual estaban los hombres que entregaron a la bebé de pocos días de nacida con un biberón, un kilo de leche en polvo y dos cartas. Una de las cartas es una confesión del crimen de sus padres, que decía: «La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella.” (Museo de la Memoria, 2011.)

La pareja, Serafín Kerz y su esposa Mirta Ovidio, realizó el proceso de adopción, una gestión que fue bastante rápida y sin mayor dificultad con la ayuda de la secretaria del Juzgado de Menores de Santa Fe, Margarita Stella Mayoraz. Sin embargo, años después, Margarita admitió que nunca se llegó a investigar el origen de María Pía, por lo que se entiende que el sistema judicial facilitó y fue cómplice en la usurpación de identidad de la menor. Es claro que esta actitud cómplice y de mirar para otro lado no fue particular de este caso.

Aquel día, llamaron a la policía y dos oficiales, Jorge Abero y José González, fueron enviados a la escena. La señora de Kerz les contó lo que había pasado y el vecino de al lado, Francisco Caminos, también proporcionó información sobre lo que sucedió. Sin embargo, el caso fue cerrado rápidamente por la policía y el expediente fue reclamado por el Ejército. La jueza de Menores de Santa Fe, Nelly Ruth Casañas de Puccinelli, entregó la recién nacida a los Kerz y más tarde también las dos cartas originales que habían sido dejadas con la niña.

En el año 1996, Ana Lina a la edad de 22 años se enteró de que existe la posibilidad de que tenga un/a hermano/a. No eran sus restos como ella pensaba que iba a encontrar si no que era una persona aún viva a la que podría conocer. 

Fue en el año 2004 que Ana Lina tomó la iniciativa para buscar a María Pia cuando el abogado Jorge Pedraza hace una denuncia judicial señalando mediante internet el parecido de la joven con la mujer desaparecida, Cecilia Barral. Debido a esto, María se sintió expuesta y vulnerada por lo que evadió los acercamientos del grupo H.I.J.O.S, agrupación creada en 1995 que luchaba por los derechos de los hijos de los desaparecidos.

Margarita Stella Mayoraz declaró en dos ocasiones en el tribunal pero en su testimonio surgen ciertas inconsistencias en relación al hecho relatado.

En su primera declaración, el 13 de mayo de 2002, ante la fiscal federal Griselda Tessio, el abogado Jorge Pedraza le preguntó si había alguna evidencia de que la recién nacida proviniera de un operativo antisubversivo. A lo que Mayoraz respondió que solo consideró la fecha y pensó que era una niña abandonada por padres desconocidos, por lo que simplemente sugiere la adopción y no relaciona este suceso con alguna clase de plan militar.También dijo que se encontraba con Serafín Kerz en misa y que él le relató el caso de la niña que le habían dejado en su domicilio.

En su segunda declaración, el 25 de febrero de 2004, Mayoraz reiteró que la niña fue dejada en un canasto en la puerta de la casa de la familia Kerz y que nunca se supo su origen. Pero en esta ocasión no se mencionó la misa y solo se dijo que Kerz le consultó sobre qué hacer con la niña.

Con respecto a María Pia, ella mostró rechazo a la idea de investigar y descubrir sobre su identidad, negándose a hacerse el examen de ADN que le pedían desde la agrupación Abuelas. Ana Lina no la juzgaba, entendía que esto era mucho más difícil para ella. 

Pese a ello, en el año 2011 mediante la ley vigente, ella se vió en la obligación de hacerse la prueba para verificar su identidad. En ese momento, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, existían distintos tipos y técnicas de análisis genéticos. 

Entre ellos estaba el análisis del ADN mitocondrial, que se transmite de madre a hijo y se utilizaba para identificar a personas relacionadas por línea materna. Había otros métodos como el análisis de ADN nuclear, que se utiliza para identificar a personas relacionadas por línea paterna o materna, técnica PCR para amplificar el ADN y obtener una cantidad suficiente para realizar el análisis. También se analizaron marcadores genéticos específicos.

En el caso de María Pía Kerz, se utilizó el análisis de ADN mitocondrial en el cual se comparó el ADN mitocondrial de María Pía con el de su abuela materna, quien era la única familiar viva que podía proporcionar una muestra de ADN. En abril del 2011, con el resultado del análisis confirmó que María Pía era en efecto nieta de su abuela materna, así como hija de Cecilia y Ricardo.

“Abuelas se constituyó como querellante para que el ADN de la joven pueda ser analizado por el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos y no por el Cuerpo Médico Forense, tal como había solicitado la defensa y también que pueda ser cruzado con todos los grupos familiares que se encuentran en el Banco.” (Abuelas de Plaza de Mayo, 2011)

Es importante destacar que, en 2011, la tecnología de análisis de ADN había avanzado significativamente en comparación con la década del 90, lo que permitió realizar análisis más precisos y rápidos.

En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó a prisión perpetua a cuatro individuos, tres expolicías y un exmilitar, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 personas durante la última dictadura. Los condenados son Federico Almeder, René Juan Langlois, Enrique Andrés López y Jorge Alberto Fariña.

Fariña fue responsabilizado por la apropiación de María Pia y por realizar el operativo en el que secuestraron a Cecilia y Ricardo. En este juicio también se investigó lo ocurrido con otras tres mujeres embarazadas que fueron secuestradas; Isabel Ángela Carlucci, María Laura González y Liliana Beatriz Girardi. Se desconoce el destino de sus hijos o hijas y aún son buscados por Abuelas de Plaza de Mayo. 

El debate oral se había fijado para comenzar a fines de 2017, pero sufrió varias postergaciones por problemas para integrar el tribunal. Finalmente, arrancó en septiembre de 2020, casi tres años después, y con solo 4 de los 9 imputados que fueron elevados a juicio, ya que 5 fallecieron durante el proceso.

Es importante destacar que la justicia tardía no es justicia, pero es un paso hacia la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias. La investigación y el juicio de estos crímenes son fundamentales para esclarecer la verdad y evitar que se repitan en el futuro.

Además, es crucial que se continúe investigando y juzgando a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, para que se haga justicia y se cierre este capítulo oscuro de la historia argentina.

BIBLIOGRAFÍA

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