Pero democracia también es la participación política, la discusión de ideas y la expresión pública de ellas. La más tradicional de sus formas, la manifestación, fue la que sucedió ese 12 de junio.
Ya desde las 9 o 10 de la mañana la plaza del congreso estaba muy poblada de diversas organizaciones y manifestantes, que con el correr de las horas lograron llenar la plaza. Desde Callao y Entre Ríos, es decir, la calle a la que da la fachada del Congreso nacional, innumerables grupos de fuerzas de seguridad se desplegaban: Policía federal y de la ciudad, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Como dicta el “protocolo antipiquetes” que la ministra de seguridad presentó a los pocos días de asumir, un conjunto de normativas más que dudosas de papeles, estas fuerzas tienen la potestad de impedir cualquier tipo de corte de calles. Por todas las calles aledañas al congreso vimos decenas de cordones policiales que no perdían chance de avanzar e ir ganando espacio cada vez que podían. Claro, para lo cual necesitaban cortar la misma calle que evitaban que sea cortada por los manifestantes. En resumen: trataban de evitar la manifestación, no el corte.
Luego de un par de horas de tensa calma, con pequeños focos de conflicto aislados, comenzó la represión propiamente dicha. No es la idea repasar los eventos, ni analizar si hubo o no infiltrados, que todo indica que sí, ni en qué orden ocurrieron las cosas, ni si está bien o no que un ciudadano tire una piedra mientras que se le cortan sus derechos y la justicia y la seguridad le dan la espalda. Lo que nos interesa hoy es lo que pasó después con las 33 personas que fueron detenidas en la plaza y los alrededores, pero alrededores muy alrededores, hasta 10 cuadras de distancia.
Ya un rato antes de que se conozca la acusación que recibirían los detenidos, una cuenta oficial del gobierno pero que desconocemos quién la maneja y a quién responde, la “Oficina del Presidente” subió un posteo en el que decía:
“La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina.”
Curiosamente, un rato más tarde, nos enteramos de que el fiscal Stornelli acusaba a los detenidos de estos mismos delitos: terrorismo y sedición, entre varios otros.
Estos delitos tienen la cualidad de ser delitos federales, y tener penas enormes: que van desde los 9 años de prisión a la cadena perpetua.
Al poco tiempo de su detención comenzamos a saber quiénes eran los detenidos, a qué se dedicaban, cómo fueron detenidos y otros datos. Allí supimos que docentes, estudiantes, músicos, vendedores, gente que solo pasaba por ahí y hasta un campeón panamericano de ajedrez estaban entre los detenidos, ninguno poseía ni una sola prueba de haber cometido ningún delito.
Y acá debemos hacer un paréntesis. Pues, si fuese cierto que cometieron algún desmán -cosa tampoco comprobada en ningún caso- la caratula con la que se los podría juzgar jamás debería ser la de terrorismo, y en cualquier caso serían acusaciones excarcelables. Sin dudas esto era otra cosa.
Una vez detenidos comenzó el verdadero calvario.
Matías, un vendedor de choripanes que estuvo trabajando el día de la marcha, desarmó su puesto cuando comenzó la represión y se estaba marchando cuando fue detenido. Tras un largo día, en que como todos los detenidos pasaron largas horas en camiones de la policía con precintos en sus manos, como señala Sofía, otra de las detenidas, fue trasladado como todos y todas las detenidas a distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Para que se entienda, en estas cárceles, como son Ezeiza y Marcos Paz, se alojan a los presos de delitos de tipo federal, como son el narcotráfico y la trata.
En una entrevista que dió a Página/12, Matias cuenta que:
«Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos? Ese tipo de cosas. Uno del grupo contestó que sólo peleaba contra la aprobación de la ley, y le metieron un cachetazo. A mí también. Después nos metieron en un pabellón con presos que ya llevan tiempo ahí»
Sofía, otra de las detenidas, contó cómo pasó alrededor de 15 horas en una camioneta, donde la llevaron primero a la comisaría 4 y luego a la 15 de Chacarita. También dijo que jamás les dieron agua ni comida, a pesar de que sus familiares le habían llevado de todo. Todo esto mientras ni siquiera sabían de qué eran acusados.
Y esto por contar solo unos pocos casos.
El viernes por la noche, tras dos noches, 17 de los 33 detenidos fueron liberados. Quedaban 16. Como comenzaba un fin de semana largo, se intuía que hasta el día martes siguiente, primer día hábil, no iba a haber novedades. Y así fue, tras una movilización en Plaza de Mayo por la tarde, donde estuve y pude ver el miedo de la gente que igual se animó a salir, por la noche nos enteramos de que 11 de los detenidos también recuperaban su libertad, diciendo que quedaban liberados por falta de pruebas pero no sobreseídos. ¿Es decir que estas personas sufrieron 6 días de estar PRESOS por solo ir a una marcha para luego se diga que no habían hecho nada? ¿La jueza Servini los dejó seis días presos solo para ver si aparecía algún elemento probatorio? Además, cómo no están sobreseídos, no pueden salir del país sin permiso, tienen que presentarse una vez al mes en Comodoro Py y no pueden pasar más de 72 hs fuera de su casa sin previo aviso. Uno no puede sentir otra cosa que un intento de generar miedo, porque como hasta la misma justicia dijo, eran inocentes.
A su vez, supimos que los 5 detenidos restantes no solo que quedaban alojados en las prisiones, sino que se los procesaba y se les dictó prisión preventiva. Es decir, que hasta que la justicia falle, van a permanecer detenidos, posiblemente un rato largo. Algo totalmente inadmisible siendo que no se posee ninguna prueba. Con todas las letras podemos decir que son presos políticos, porque incluso si hubiesen cometido un delito aquel día no habría necesidad de que permanezcan detenidos mientras esperan el avance de la investigación.
Por eso, desde este humilde espacio, exigimos la liberación de David Sica, Patricia Calarco, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto María de la Cruz
Esto es CFM.
